Los ingresos tributarios netos del gobierno federal aumentaron en términos reales 13.1 por ciento respecto al sexenio anterior; de 2019 a junio de 2024 suman más de 20.9 billones de pesos recaudados, es decir, 6.6 billones de pesos más que los 14.3 billones de pesos que acumuló la administración pasada, informó el jefe del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Antonio Martínez Dagnino.
Estos resultados positivos, afirmó, son parte de los principios del Gobierno de la Cuarta Transformación que no permite la corrupción ni la condonación de impuestos.
“La condonación ya no existe, ya no hay privilegios. Ahora todas y todos contribuimos”, acotó en conferencia de prensa matutina con el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Al respecto, el mandatario explicó que esta política en el manejo de los ingresos tributarios fortalece a la Hacienda pública. Este año 2024, del 1 de enero al 30 de julio, se alcanzaron 2 billones 932 mil 441 millones de pesos, cifra que representa 301 mil 733 millones de pesos más de lo observado en el mismo periodo de 2023, de acuerdo con datos del Servicio de Administración Tributaria (SAT). Adicionalmente, la Tesorería de la Federación cuenta con un ahorro de 500 mil millones de pesos.
En relación con las devoluciones de impuestos, principalmente la del Impuesto al Valor Agregado (IVA), el titular del SAT resaltó que en esta administración se resolvieron 27.7 millones de trámites de este tipo por un monto de 4.1 billones de pesos, es decir, el doble de la administración anterior.
El costo de la recaudación es de 24 centavos por cada 100 pesos; mientras que en 2013 se gastaban 85 centavos.
A lo largo de este sexenio, la recaudación por auditorías y promoción del cumplimiento en el pago de impuestos aumentó a 3.3 billones de pesos, equivalente a 113.4 por ciento real o a 2.1 billones de pesos más que en la administración anterior.
En este rubro resalta la contribución de grandes empresas que pasó de 500 mil 423 millones de pesos, al inicio del Gobierno de México, a 1.3 billones de pesos. Las auditorías se efectuaron con respeto a los derechos de pequeños, medianos y grandes contribuyentes, remarcó el funcionario.
Hasta junio de este año, hay 17 mil 559 auditorías en proceso, de las cuales, 2 mil 597 corresponden a grandes empresas y 14 mil 962 a pequeños y medianos contribuyentes.
El jefe del Servicio de Administración Tributaria, Antonio Martínez Dagnino, llamó a integrantes del Poder Judicial a agilizar trámites suspendidos.
“No se necesita una reforma fiscal, todavía hay mucho por hacer, todavía hay mucho por recaudar y hacemos un llamado también al Poder Judicial porque tenemos muchos litigios para que se resuelvan los asuntos”, señaló.
El jefe del SAT recordó los 13 casos de defraudación fiscal detenidos en el Poder Judicial que representan un daño a la Hacienda pública por 129 mil 185 millones de pesos. En cada caso, el tiempo promedio de retraso es de 150 días, sin embargo, algunos llevan pausados hasta dos años.
Las actividades a las que se dedican las 13 empresas involucradas son: transportación aérea, refresquera, chatarrera, cementera, minera, dos despachos contable, legal y de manejo de nóminas, acerera, petrolera, alimenticia, gasolinera, equipo de fútbol y tiendas departamentales.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público opera con base en cuatro pilares congruentes con los principios de la Cuarta Transformación: apoyo a ingresos familiares, finanzas públicas sanas, desarrollo regional y reforzamiento de la oferta.
Sobre este último apartado, el titular de la dependencia, Rogelio Ramírez de la O, detalló que la administración ofrece certidumbre a partir del Tratado de Libre Comercio (T-MEC) en América del Norte, los ingresos tributarios de 2019 a 2024, la simplificación fiscal y la contención de los precios de las gasolinas y el diésel.
Asistieron al informe: el subsecretario de Hacienda y Crédito Público Gabriel Yorio González; el jefe de la Unidad de Planeación Económica de la SHCP, Rodrigo Mariscal Paredes; el jefe de Oficina del secretario de Hacienda y Crédito Público, Roberto Lazzeri Montaño y el subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Juan Pablo de Botton Falcón.